Una vez más Faro de Vigo se ha hecho eco de la situación que vivimos en Vilar con la cementera ilegal. Quisiera dar las gracias a este periódico y al periodista Antonio Pinacho por su gran trabajo.
Una cementera de Vilar sin licencia impide ejecutar una orden de cierre de la Alcaldía. Antonio Pinacho. 1 de Marzo de 2009.
Los responsables de la planta no permitieron el acceso a sus instalaciones a la Policía Local para proceder al precinto.
Los responsables de una planta de hormigones de Vilar de Infesta impidieron a la Policía Local acceder a sus instalaciones para proceder al precinto de tres actuaciones que carecen de licencia de apertura y de actividad.
Los agentes pretendían ejecutar una resolución de la Alcaldía por la que se ordena la clausura inmediata de las instalaciones en situación irregular con el objeto de preservar la salubridad y seguridad de las personas que residen en el entorno.Según consta en el parte de la Policía Local, los agentes acudieron a la empresa acompañados por la aparejadora municipal y el vigilante de obras para dar cumplimiento a la orden de cierre ordenada por el alcalde, Xaime Rei. Sin embargo, los responsables de la empresa “no permitieron el acceso a las instalaciones justificando que carecían de un mandamiento judicial que ordenase la entrada al recinto” de la planta de hormigones. A pesar de que los agentes explicaron que el mandamiento judicial no era perceptivo en este caso, los representantes de la empresa “mantuvieron su impedimento a la entrada a los lugares que debían ser precintados”, según indica el informe policial.
El conflicto con la cementera de Vilar lleva años sin resolverse. El pasado mes de junio una resolución de la Alcaldía ordenaba la anulación de la licencia de apertura y actividad de la empresa, otorgada en diciembre de 1998, en conformidad con un dictamen del Consello Consultivo de Galicia con carácter preceptivo y vinculante.Esta decisión se basa en una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vigo, confirmada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en marzo de 2007, que obligaba al Concello redondelano a iniciar un procedimiento para la revisión de la licencia de actividad tras las denuncias presentadas por un ciudadano, Xosé Manuel Crespo, que reside en las inmediaciones de la fábrica.
El dictamen del Consello Consultivo señala que se cometió una “clara infracción urbanística”, puesto que el emplazamiento, según consta en el documento, “no permitía la instalación de una fábrica de tal naturaleza, cuestión que debía haber tenido en cuenta [el Concello] en el momento de otorgar la licencia de actividad, pues vicia de nulidad la misma”.Además, según la resolución del Consello Consultivo, la licencia también se concedió “sin la correspondiente autorización del organismo de cuenca para la realización de vertidos”.Sin embargo, la clausura de la planta podría acarrear consecuencias negativas para las arcas municipales, puesto que el empresario reclamaría una indemnización millonaria. Para evitar este problema, el Ayuntamiento interpuso un mes después un recurso de lesividad ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, por lo que será un juez el que dictamine el final del proceso.
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