lunes, 17 de noviembre de 2008

Una sentencia obliga al gobierno redondelano a revisar la licencia de una cementera

UNA SENTENCIA OBLIGA AL GOBIERNO REDONDELANO A REVISAR LA LICENCIA DE UNA CEMENTERA. Faro de Vigo
Antonio Pinacho

Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, contra la que no cabe recurso ordinario, condena al Concello de Redondela a revisar una licencia de actividad otorgada en 1998 a una planta de fabricación de hormigón den la parroquia de Vilar de Infesta.

El fallo responde a la demanda interpuesta en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Vigo por un residente de Vilar, JMCC, contra un acuerdo de la comisión de gobierno de Redondela por el que se concedió la licencia a la cementera. La empresa de hormigones presentó un recurso de apelación que ahora desestima el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
En su argumentación, la sentencia judicial expone que el “incumplimiento del artículo 34 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas; la ausencia de autorización de vertido por el organismo de cuenca; la falta del certificado de fin de obra que acredite la adecuación con el proyecto; el incumplimiento de las limitaciones que al emplazamiento establece el Reglamento de Actividades Molestas y la concesión de la licencia de obras sin concesión previa o simultánea de la actividad”.


El fallo también señala como “sorprendente” que, en cuanto al emplazamiento de la planta, “las administraciones actuantes no hayan cumplido con su obligación legal de ofrecer una motivación suficiente y razonable que justifiquen un emplazamiento tan insólito para una industria de esta naturaleza”. Aunque en este caso, las normas subsidiarias clasifican el suelo como urbanizable industrial, puntualiza que se debió “tener en cuenta que la instalación se ubica a pocos metros de un colegio de educación infantil y de viviendas habitadas, que vienen sufriendo molestias y perjuicios de toda índole, dado que la fabricación de hormigón genera polvo, ruidos y vertidos”.

El denunciante, JMCC, lleva una década de procesos judiciales contra la planta de hormigón y reclamando a los responsables municipales que ordenen el cese de la actividad cementera por las molestias que le causa entre los residentes.

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