lunes, 28 de octubre de 2013

Declaraciones del Alcalde sobre la cementera


El Alcalde de Redondela Javier Bas, nos sorprendió el pasado sábado 26 de octubre con unas declaraciones a Faro de Vigo sobre la cementera. En ellas trata el tema de los precintos y de la reunión fallida con AER de la que fuimos excluidos.
Podéis leer todo lo referente a esta noticia en estos enlaces:

Vamos a analizar las declaraciones del Alcalde:
  • Javier Bas, asegura que desde el gobierno local se está actuando "con total transparencia" en el conflicto de la cementera ubicada en la parroquia de Vilar de Infesta, que carece de licencia de apertura y actividad. El responsable municipal explica que todas las decisiones sobre este asunto se realizan siguiendo los criterios que marcan los servicios jurídicos del Concello.
Debemos entender por lo tanto que las decisiones las toman los servicios jurídicos, es decir, la Secretaria del Concello y el abogado. Esto es lo lógico, pues los técnicos cualificados deben asesorar en la toma de decisiones. El problema se da en el preciso momento en que estas personas sostienen una y otra vez unos argumentos que ya han sido desestimados por jueces y tribunales. Así pues, los criterios marcados por estas personas quedan desvirtuados cuando la Secretaria manifiesta en el pleno que los jueces se confundieron con las licencias, o el Concello, con su letrado al frente ha perdido todos los contenciosos referidos al citado asunto.
  • El regidor redondelano también afirma haber dado orden a la Policía Local de "comprobar todos días" que la planta de hormigones carece de actividad. Esta decisión se tomó en base a una sentencia por vulneración de derechos fundamentales que le da la razón al vecino que denunció a la fábrica por los ruidos y molestias que genera.
Analicemos esta incongruencia: Por una parte el Concello rechaza paralizar la actividad, pues según los servicios jurídicos, sí pueden trabajar con una parte de la planta, pero por otra da orden a la policía local para que nada menos que a diario comprueben si trabajan o no. Es tan absurdo que si no fuera porque nos está "jorobando" pensaría que es una broma. Vamos a ver, si el Concello permite que continúe la actividad, ¿para qué envía a la policía?, ¿por qué iba a dejar de trabajar la cementera si es el propio Concello el que les da vía libre?. ¿Lo lógico no sería dar la orden de cierre y enviar a la policía para asegurarse de que se cumple dicha orden?, o es que acaso, como los asesores jurídicos son los mismos que en el gobierno anterior ¿siguen con la estrategia de "hacer que hacen, pero sin hacer nada en realidad"?.
  • "En la junta de portavoces se acordó que si AER o cualquier grupo político representado en el pleno precisaba una reunión aclaratoria sobre el expediente de la cementera en la que estuviesen presentes los técnicos municipales estaríamos dispuestos a mantenerlas tantas veces como hiciese falta. En un primer momento aceptaron este formato. Fue posteriormente cuando AER comunicó su intención de que en esa reunión participaran los vecinos afectados y su abogado", señala el alcalde, quien sostiene que esta pretensión no se consideró oportuna.En este sentido acusa a AER de intentar un formato distinto del acordado inicialmente. "Les propuse primero hacer la reunión como estaba pactada e inmediatamente después hacer otra con el denunciante y su abogado, sin los servicios jurídicos del Concello, pero el representante de AER se negó, y no por eso lo consideré una falta de respeto", puntualiza.
Veamos, Javier Bas no considera ni falta de respeto ni de transparencia que se nos vete en una reunión con los servicios jurídicos.
Vamos a por la falta de respeto: sí con AER o cualquier grupo político representado en el pleno, pero no con el grupo político más los vecinos afectados. ¿Por qué?, porque no se consideró oportuno. Los vecinos aparte, en otra reunión diferente, de nuevo ¿por qué?. ¿y eso no es una falta de respeto?. Sr. Bas, que AER se negara no es una falta de respeto hacia usted, sino una muestra de respeto hacia nosotros.
Vamos a por la falta de transparencia: No se considera oportuna una reunión entre nosotros y aquellos que toman las decisiones en un caso que nos perjudica directamente. Pero no hay inconveniente en que estas mismas personas aclaren todas las cuestiones que quieran a los grupos políticos, a los que si me disculpan la expresión "les importa una mierda" (salvo a AER) el temita de la cementera. Porque seamos sinceros, ¿alguien más aparte de AER se leyó las sentencias, el expediente, y solicitó alguna reunión, aclaración, etc?. ¿Qué tienen que "aclarar" los servicios jurídicos del Concello a AER que nosotros no podamos oír?, ¿y eso no es falta de transparencia?.

  • Por último, Bas señala que en democracia existen una serie de condicionantes que afectan a todos. "En el caso del alcalde y concejales, son los informes de los servicios municipales los que nos marcan los límites legales de nuestra actuación política. AER tiene que comprender que ahora mismo tenemos que ser prudentes sobre un expediente que lleva abierto desde el año 1995, y que está en su fase final", concluye.
Me gustaría recordarle al Sr. Bas que en democracia existe la Constitución Española que en su artículo 9 establece:
  1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
  2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
  3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
 También le recuerdo al Sr. Alcalde que el acuerdo del Concello de Redondela según el cual se está permitiendo que la planta de hormigón continúe con su actividad está vulnerando los siguientes derechos fundamentales constitucionalmente protegidos: derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio en relación con el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a un medio ambiente adecuado.

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