En otras palabras: No estando de acuerdo con la anulación de la licencia pero viéndose obligado el Concello a decretarla siguiendo el Dictamen vinculante del Consello Consultivo, tanto la empresa como el Concello deciden recurrir dicha resolución, considerando ambos que afecta negativamente a sus intereses. La empresa porque de ser anulada la licencia tendría que paralizar su actividad y el Concello, siempre de la mano de la cementera, porque temía y continúa temiendo el pago de una indemnización millonaria a la planta, consecuencia de la anulación de su licencia.
Así, la planta de hormigón solicitaba que se declarase nula la resolución y conforme a derecho la licencia de apertura, mientras que el Concello de Redondela pretendía lograr la declaración de lesividad de su propio acto y que éste fuera anulado.
Nosotros como interesados-codemandados solicitamos la desestimación de ambas pretensiones.
Como he dicho, el fallo fue dictado a nuestro favor, desestimándose las pretensiones de las partes contrarias, basándose en las argumentaciones jurídicas que aquí ya hemos expuesto con creces y hechos probados que suponen la nulidad de pleno derecho de la licencia. No entraré a desgranar de nuevo el entramado de irregularidades e ilegalidades que se han cometido a lo largo de todos estos años, pues se trata de un tema árido y complejo.
De lo que sí me gustaría hablar es de lo que más preocupaba o preocupa al Concello de Redondela: la famosa indemnización.
Se podría decir, o así al menos lo hemos interpretado nosotros, que la razón fundamental para plantear la declaración de lesividad era evitar su pago o en su defecto que fuera el juez quien determinara su procedencia y cuantía. Pues bien, en la sentencia no sólo no se entra a valorar este hecho, sino que se manifiesta que no resulta factible hacerlo pues entrañaría desviación procesal. En otras palabras, tan preocupados que estaban por la indemnización, la empresa amenazando con pedirla y el Concello temiendo pagarla, que ni unos la solicitaron ni otros siguieron los cauces administrativos para determinar su procedencia, impidiendo así que el juez entrase a valorar el tema en cuestión. Desde mi punto de vista o bien querían dejarle el "marrón" al juez o yendo de "sobrados" como suelen ir sobre todo los servicios jurídicos del Concello, creerían que el juez fallaría a su favor, pasando por alto todas las ilegalidades, para salvarles de tener que pagar. ¿Qué juez se atrevería a condenar a un Ayuntamiento y dejarlo en la ruina en favor de una empresa?.
Lo que sí ha supuesto para nosotros la declaración de lesividad han sido 5 años en los que la empresa tenía que estar parada y no lo ha estado. Una excusa que el Concello ha empleado una y otra vez para evitar la ejecución de la sentencia firme de protección de los derechos fundamentales y justificar el desatino que suponía permitir que continuase con su actividad estando en situación de ilegalidad, siendo de sobra conocedores de los perjuicios que esto nos causaba.
Pues bien, ¿y ahora qué?. ¿Cuál será la nueva excusa que van a utilizar?, pues en varias ocasiones el Concello ha manifestado que de venir en contra la lesividad, cerrarían la planta. Yo creo que será la falta de firmeza de la sentencia, que todavía puede ser recurrida, pero ya veremos.
Continuaremos esperando ...
Quisiera dar las gracias a Atlántico Diario y La Voz de Galicia por hacerse eco de la noticia y a los miembros de AER, ellos saben por qué.
http://www.atlantico.net/articulo/area-metropolitana/16-anos-lucha-judicial-cementera-vilar/20140927010131437998.html
http://www.lavozdegalicia.es/
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